¿Qué se elige en Ecuador?


*Por Eduardo Tamayo G.

ALAI AMLATINA, 15/02/2013.- Uno de los temas que se definirán en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo es el de la Ley de Comunicación, que no ha podido ser aprobada por la Asamblea Nacional, por la tenaz oposición de la derecha y de los medios de información tradicionales.

Rafael Correa, que aspira a la reelección presidencial con un amplio margen de apoyo popular, ha señalado que respaldará la expedición de esta la Ley para lo cual su movimiento Alianza País buscará alcanzar la mayoría legislativa.


El Movimiento Alianza País, en su programa de gobierno 2013-2017, incluye un capítulo dedicado a la comunicación en el que se compromete a aprobar y poner en vigencia la Ley de Comunicación para “definir las nuevas reglas del juego en la materia, a fin de democratizar la comunicación, estimular nuevas tecnologías e incluir a más sectores en la configuración de un nuevo y diferente sistema nacional de educación”. Así mismo, el movimiento político de gobierno propone consolidar los medios públicos como espacios ciudadanos de participación, democratizar el espectro radioeléctrico y colocar la comunicación como un tema prioritario en la agenda de organismos regionales como UNASUR, CELAC y ALBA.

Otro candidato presidencial, Alberto Acosta, que representa a la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, también se ha pronunciado por que se sancione una nueva Ley de Comunicación para que los medios de comunicación no sean controlados por los grandes grupos de poder, a la vez que demanda que los medios públicos dejen de ser gubernamentales y haya mayores posibilidades para que se desarrollen los comunitarios.

En cambio el candidato de la banca y a la derecha, Guillermo Lasso, no expediría ninguna Ley de Comunicación porque el “derecho a la libre expresión no debe tener limitaciones” ni establecería un Consejo de Regulación, aunque las dos aspectos fueron aprobados en la consulta popular del 7 de mayo de 2011.

Disputas mediáticas

El tema de la comunicación se encuentra en el centro de las disputas políticas e ideológicas ya no solo en estas elecciones sino desde que asumió la Presidencia Rafael Correa en enero de 2007.

Desde esa fecha, los medios privados cuestionan “el proceso constituyente, a la Constitución, y, sin duda al Presidente, a la Asamblea Nacional y a las políticas económicas y sociales seguidas por el gobierno” señala el historiador Juan J. Paz y Miño Cepeda, agregando que “progresivamente ese sector empresarial de medios de comunicación se convirtió en un actor ideológico y político, que algunos analistas consideran que reemplazó a los partidos”.

Ante esta permanente ofensiva de la oposición de derecha, aliada a los medios privados, el gobierno de Correa ha respondido con medidas que incluyeron la creación de un sistema estatal de medios (hasta entonces inexistentes en el Ecuador), la utilización de las redes digitales y la puesta en escena de los “enlaces ciudadanos” semanales a través de los cuales el Presidente Correa informa de sus actividades pero, a la vez, que denuncia en forma permanente el carácter mercantil de los medios privados, la relación del poder mediático con el poder económico y los métodos de lo que Correa denomina la “prensa corrupta y mediocre”, muchas veces reñidos con las normas profesionales y de la ética periodística.

Los medios privados y las oposiciones de derecha e izquierda, por su parte, critican el estilo y el lenguaje del Presidente al que acusan de ser “intolerante” y de atentar a la “libertad de expresión”. Señalan que son atacados porque denuncian actos de corrupción y la concentración del poder, en tanto demandan la fiscalización del poder Ejecutivo. Más allá de esta confrontación, la verdad es que, como señala el periodista ecuatoriano Gustavo Isch, “Los medios masivos ecuatorianos devenidos en actores políticos acostumbrados a dominar de modo casi monopólico la agenda pública, se han visto vulnerables ante el embate de la ‘revolución ciudadana’ liderada por un presidente capaz de disputarles sus públicos, sus espacios, y utilizar la tecnología de comunicación para movilizar en su contra a amplios sectores de la opinión pública”.

Este enfrentamiento entre Correa y el poder mediático, del que la ciudadanía se ha mantenido de cierta forma apartada, ha ido de menos a más. Pese a que el presidente cuestionaba a los medios privados, éstos recibían, sin decir nada, jugosas sumas provenientes de la publicidad estatal. Pero el 28 de julio de 2012, Correa ordenó dejar de enviar más "publicidad oficial a los medios mercantilistas porque no tenemos porqué, con dinero de los ecuatorianos, beneficiar el negocio de seis familias de este país". Semanas antes había dispuesto que sus ministros no concurran a entrevistas a los medios privados de carácter nacional, aunque la medida no corría para los medios regionales y locales.

En esta disputas intervienen no solo actores nacionales sino internacionales, como el grupo Prisa de España, la CNN, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las agencias financieras de Estados Unidos, como la USAID, la NED, etc que apoyan a ONGs, como Fundamedios o el Grupo Faro. Con dinero proveniente del exterior se organizan observatorios y se elaboran informes sobre la violación a la “libertad de expresión”, se formulan alertas urgentes en las redes, se convocan a concursos, se “capacita’’ a periodistas y a la sociedad civil y se presentan demandas contra el gobierno en los ámbitos nacionales e internacionales. Por este trabajo no solo reciben dinero sino apoyo político y diplomático que se expresa en la asignación de reconocimientos y premios.

Avances constitucionales

En el país se han registrado avances (como la conformación de medios públicos), pero todavía queda un amplio trecho que recorrer en materia de democratizar la comunicación.

Comencemos señalando que en el campo jurídico hubo progresos con la incorporación en la nueva Constitución del 2008 de varios artículos que reconocen los derechos a la comunicación, la información y a la cultura en el mismo nivel que otros derechos igualmente vitales para el ser humano como son la salud, la educación, el buen vivir y otros. Se registra avances igualmente en el empeño de democratizar la comunicación y repartir las frecuencias radioeléctricas equitativamente entre los sectores privados, comunitarios y públicos. Para las comunidades, pueblos y nacionalidades se reconoce el derecho a “crear sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna”, y el derecho a que “la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación y en los medios de comunicación” (Art 57-21) Cabe indicar que en la elaboración de las propuestas que finalmente se incorporaron en la Constitución jugó un rol destacado el Foro Ecuatoriano de la Comunicación (FEC) compuesto por una veintena de entidades académicas, gremios profesionales, medios alternativos y organizaciones indígenas.

Cabe resaltar también que la Constitución, aprobada por el 64% de ecuatorianos, prohibió que las entidades o grupos financieros controlen la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social (Art 312). Posteriormente, en un referéndum realizado en mayo de 2011, una mayoría de ecuatorianos aprobó una reforma legal que prohíbe que “las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente”.

El siguiente paso, para que se hicieran efectivos los derechos y avances consagrados en la Constitución, era la expedición, por parte de la Asamblea Nacional, de una Ley de Comunicación, que, según disponía la Carta Magna, debía ser aprobada en un plazo de un año.

Han transcurrido más de cuatro años y esta Ley no ha podido ser aprobada, pese a que en el mencionada referendo de mayo de 2011, el pueblo se pronunció porque la Asamblea Nacional, sin dilaciones, promulgue una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios.

Ahora el destino final de la Ley de Comunicación dependerá de quien gane las elecciones presidenciales y parlamentarias

 
© Diseño producciones BM